Reproducimos la publicación integral de Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de El Salvador el 15 de mayo de 2025. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió durante este periodo. Si se recibe una respuesta, se publicará en la base de datos de los Procedimientos Especiales de la ONU.
Según informes recibidos por la Relatora, el Sr. Fidel Zavala se encuentra en las bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. Sin embargo, esta información nunca ha sido comunicado de manera oficial a su familia. Más bien, fue solo cuando su madre fue a llevarle comida que se le informó. Según los informes, el Sr. Zavala tiene acceso limitado a agua y productos de higiene personal. En cuanto a la Sra. Ivania Cruz y el Sr. Rudy Joya, según se informe, INTERPOL accedió a una solicitud del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador de emitir Alerta Roja respecto a sus personas.
ANTECEDENTES
Tema: la presunta detención arbitraria y enjuiciamiento del vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), el Sr. Fidel Zavala, el allanamiento de la vivienda de la abogada y directora de la organización, la Sra. Ivania Cruz, su enjuiciamiento junto con otro abogado de la organización, el Sr. Rudy Joya, y el allanamiento de la sede principal de UNIDEHC en San Salvador.
La Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) es una organización no gubernamental de defensa de derechos humanos, incluido en el marco del régimen de excepción y desalojos de las comunidades más vulnerables, entre otros.
El Sr. Fidel Zavala es defensor de los derechos humanos y vocero de UNIDEHC. Anteriormente era empresario y, en febrero de 2022, fue acusado de estafa y detenido durante 13 meses. Tras ser absuelto de los cargos en marzo de 2023, comenzó a denunciar públicamente los abusos que habría presenciado en los dos centros penales donde estuvo detenido, y las detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción, decretado en marzo de 2022.
La Sra. Ivania Cruz es defensora de los derechos humanos, abogada y directora de UNIDEHC.
El Sr. Rudy Joya es defensor de los derechos humanos y abogado de la UNIDEHC.
Alegaciones de presuntas violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción, aprobado el 27 de marzo de 2022 y prorrogado por varios decretos legislativos desde entonces, fueron referidas al Gobierno de El Salvadorpor medio de tres comunicaciones previas, enviadas el 1 de junio de 2022 (AL SLV 2/2022), el 12 de octubre de 2022 (AL SLV 4/2022) y el 17 de mayo de 2023 (AL SLV 2/2023). Agradecemos las respuestas del Gobierno para las tres comunicaciones, recibidas el 29 de julio de 2022, el 12 de diciembre de 2023 y el 15 de diciembre de 2023. Sin embargo, seguimos preocupados, dado que el régimen de excepción sigue vigente.
ALEGACIONES
Antecedentes
La Floresta es una comunidad formada hace más de 15 años por personas desmovilizadas y desplazadas por la guerra de los años noventa, ubicada en el distrito de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Desde entonces, más de 200 familias habrían establecido sus domicilios allí, sin que nadie hubiera reclamado su derecho de dominio.
En mayo de 2024, un grupo de personas desconocidas, actuando bajo las órdenes de una persona que se presentó dueña del terreno, habrían llevado maquinaria pesada al sitio y realizado un desalojo arbitrario y violento, dañando varias de las viviendas y derrumbando algunas de ellas. La persona que habría afirmado ser la dueña no habría presentado ningún documento para demostrar su derecho o algún tipo de orden judicial. En respuesta a este intento de desalojar más de 200 familias, la comunidad presentó un aviso penal de los hechos ante la fiscalía general de la República (FGR) y los lideres de La Floresta solicitaron el apoyo de UNIDEHC.
El 9 de febrero de 2025, dos lideres de La Floresta habrían sido detenidos cuando realizaban diligencias de mediciones de terreno.
Por lo que el 13 de febrero de 2025, el equipo de UNIDEHC habría acompañado a un grupo de habitantes de La Floresta para interponer un aviso penal ante la FGR contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por su detención.
En la mañana del 25 de febrero de 2025, el Sr. Fidel Zavala habría acompañado a algunos líderes de La Floresta a presentar una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con respecto a la detención de los dos líderes de la comunidad.
El mismo día, a las 21 horas, más de 20 líderes comunitarios de La Floresta – incluyendo dos mujeres embarazadas – habrían sido detenidos en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía acusados de presuntos delitos de amenazas con agravación especial, comercialización irregular de parcelas o lotificaciones, limitación ilegal a la libertad de circulación, ejercicio ilegal de profesión y agrupaciones ilícitas, con relación a sus esfuerzos de frenar el desalojo de las 200 familias de La Floresta.
El 26 de febrero de 2025, se habría publicado una foto del grupo de los líderes comunitarios en las cuentas oficiales de las redes sociales de la Fiscalía, describiéndolos como una “red de estafadores”. Se alegó que la estructura estaba conformada por abogados y organizaciones sin fines de lucro inexistentes en el registro público respectivo.
Sobre el Sr. Fidel Zavala
El 9 de febrero de 2022, el Sr. Fidel Zavala fue detenido y acusado del delito de estafa agravada. Habría estado detenido durante 13 meses, durante el primer año del régimen de excepción, en dos centros penales —Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas de la Esperanza (ubicado en San Luis Mariona, Mejicanos, San Salvador Centro, conocido como “Mariona”) y el Centro Industrial de Cumplimiento y Rehabilitación de Santa Ana (conocido como Penitenciaría la Occidental o Penitenciaría “Cutumay Camones”) En ese tiempo, habría presenciado presuntas violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y vulneraciones al derecho a la salud por parte de los custodios de las cárceles.
El 8 de marzo de 2023, el Sr. Zavala habría sido absuelto por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, que habría determinado que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones en su contra. Tras su absolución y liberación, habría denunciado públicamente ante los medios nacionales e internacionales los presuntos abusos que habría presenciado durante su detención, incluyendo la tortura, las muertes bajo custodia estatal, y el grave hacinamiento en las celdas. También habría afirmado haber presenciado la salida de numerosos cadáveres en “bolsas negras” desde los centros penales.
El 17 de julio de 2024, la UNIDEHC, a través del Sr. Zavala, habría presentado información ante la Fiscalía para que se iniciara un proceso penal en contra del viceministro de Seguridad Pública y director general de Centros Penales, así como también respecto de los directores de los centros penales “Mariona” y “Cutumay Camones”, acusándolos de tortura, corrupción, actos arbitrarios e incumplimiento de sus deberes. La muerte de uno de sus amigos en la cárcel de “Cutumay Camones” habría motivado al Sr. Zavala a iniciar este proceso, ya que, en la misma fecha de su muerte, el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión habría declarado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador no hay tortura. En agosto de 2024, el Sr. Zavala habría sido nombrado vocero de UNIDEHC en casos de detenciones arbitrarias.
El 25 de febrero de 2025 a las 16 horas, las instalaciones de UNIDEHC en San Salvador habría sido allanada por la PNC, acompañados por miembros de la fiscalía general. Durante el allanamiento, el Sr. Zavala habría sido detenido de forma presuntamente arbitraria y acusado de tres delitos: asociaciones ilícitas, comercialización ilegal de parcelas o lotificaciones, y ejercicio ilegal de la profesión. Durante el allanamiento de la oficina, que habría durado 24 horas, los policías y fiscales habrían dicho que tenían una orden de allanamiento para las oficinas de UNIDEHC, emitida por un Juzgado de Paz de Santa Tecla, por el proceso de legalización de tierras de La Floresta. A pesar de esto, se habrían llevado documentos relativos a otros casos, como acusaciones contra funcionarios en el marco del régimen de excepción, y documentos de otras oficinas y organizaciones que se ubican en el mismo edificio de la UNIDEHC. El Sr. Zavala habría sido llevado a una delegación policial en Lourdes Colón, La Libertad, donde no habría tenido acceso a su familia ni a su abogado.
El 13 de marzo de 2025, se habría desarrolló la primera audiencia en el caso contra el Sr. Zavala y los 24 líderes comunitarios de La Floresta ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado, Juez Tres de San Salvador. Esta audiencia habría sido la primera vez en la que el Sr. Zavala habría podido tener contacto con su abogado. El juez habría ordenado la detención provisional del Sr. Zavala y los líderes comunitarios durante seis meses, al parecer sin considerar una medida sustitutiva a la detención.
El 14 de marzo de 2025, se habría realizado una audiencia en el Juzgado Octavo de Paz de otro caso abierto por la Fiscalía contra el Sr. Zavala, en el que se le acusaba de nuevo del delito de “estafa agravada”. En esta audiencia, se habría decretado detención provisional y pasado el caso al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador sin anunciarla fecha de la próxima audiencia. Se habrían obligado al Sr. Zavala a aceptar un abogado público, a pesar de que tenía sus propios abogados.
El 17 de marzo de 2025, se habría ordenado programar audiencia por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador para el caso en que el Sr. Zavala fue absuelto del delito de “estafa agravada” en el año de 2023. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia habría ordenado la “repetición del juicio” tras el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía, el último recurso que la ley permite. La audiencia – el tercer caso al que el Sr. Zavala enfrentaría – habría sido programada para el 11 de abril de 2025.
El 2 de abril de 2025, el Sr. Zavala habría sido trasladado de la delegación policial al centro penal Mariona, donde habría estado detenido anteriormente y donde se encontrarían los guardias a los que él denunció por presuntos actos de tortura y otros abusos.
El 11 de abril de 2025, durante la audiencia ante el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, la defensa del Sr. Zavala habría solicitado más tiempo para documentación. La audiencia habría sido declarada bajo reserva y suspendida, pendiente de re-programación en una nueva fecha.
Sobre la Sra. Ivania Cruz y el Sr. Rudy Joya
El 25 de febrero de 2025, al mismo tiempo que la policía y los fiscales habría llevaban a cabo el allanamiento de la sede de UNIDEHC en San Salvador, otros oficiales habría realizaban otro allanamiento en la casa de la Sra. Ivania Cruz. En este tiempo, se encontraría en la casa la madre de la Sra. Cruz, una señora mayor, que no se habría opuesto al allanamiento, pero habría solicitado la presencia de un abogado. Los fiscales habrían presentado una orden de allanamiento solo ante la presencia de un abogado. Al final del allanamiento, habrían llevado una caja fuerte con documentos privados del hermano de la Sra. Cruz. Durante este tiempo, la Sra. Cruz estaría en España con el Sr. Rudy Joya, llevando a cabo un viaje de incidencia – programado desde noviembre de 2024 – con organizaciones y funcionarios públicos.
El 13 de marzo de 2025, la Fiscalía habría declarado que tenía una orden de detención contra la Sra. Cruz y el Sr. Joya por los delitos de ‘agrupaciones ilícitas y comercialización de lotificaciones’, como los supuestos ‘líderes de la estructura criminal’.
El 18 de marzo de 2025, la primera audiencia sobre el caso contra la Sra. Cruz y el Sr. Joya se habría celebrado en rebeldía ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado. El juez habría ordenó que el caso pasara a la etapa de instrucción por un periodo de seis meses, programando la segunda audiencia para el 5 de mayo de 2025.
PREOCUPACIONES
En la comunicación, expresamos nuestra preocupación por la presunta detención arbitraria del defensor de derechos humanos, el Sr. Zavala, los intentos de criminalizarlo a través de tres causas penales distintas en su contra, además de los cargos y órdenes de detención emitidas contra la Sra. Cruz y el Sr. Joya, los allanamientos de la oficina de la UNIDEHC y el domicilio de la Sra. Cruz, y la detención arbitraria y los cargos contra los 24 líderes comunitarios de La Floresta. Expresamos nuestra grave preocupación ante el presunto uso indebido del derecho penal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos de la UNIDEHC y los líderes comunitarios de La Floresta, que parecerían ser represalias directas por sus actividades legítimas de defensa de los derechos humanos, en particular su labor contra los esfuerzos de desalojar las familias que habitan la hacienda de La Floresta. Nos inquieta que las tres causas penales abiertas contra el Sr. Zavala parecen ser represalias por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión para denunciar los presuntos abusos que presenció durante su detención en los centros penales. Nuestra preocupación se ve agravada por el traslado del Sr. Zavala al centro penal ‘Mariona’, donde se encentrarían los mismos custodios a los que él denunció por supuestos actos de tortura y otros abusos, poniendo en grave riesgo su integridad física y psicológica. Subrayamos con preocupación también que este caso es susceptible de generar un efecto disuasorio e inhibidor importante en otras organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.
Comunicación integral enviada a Nayib Bukele en PDF