San Salvador, Lunes 24 de agosto de 2026, – “La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero.”
Más allá de la dureza de esta frase, su contenido nos obliga a preguntarnos qué ocurre cuando la ley deja de ser un instrumento para proteger a todos y comienza a convertirse en una herramienta que golpea principalmente a quienes tienen menos recursos para defenderse.
En El Salvador, miles de familias conocen de cerca el significado de una detención que transforma sus vidas. Desde marzo de 2022, más de 90,000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción. Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado numerosos casos de presuntas detenciones arbitrarias, ausencia de garantías procesales y personas encarceladas sin que existan pruebas suficientes individualizadas que demuestren su responsabilidad.
Y aquí surge una pregunta que nadie debería tener miedo de formular: ¿puede existir verdadera justicia cuando una persona puede perder años de su vida sin que se demuestre judicialmente su culpabilidad?
La presunción de inocencia no es un privilegio para delincuentes; es una garantía para todos. Hoy puede ser un desconocido, un vecino, un trabajador o una persona que nunca hemos visto. Mañana podría ser alguien de nuestra propia familia. Por eso, defender el debido proceso no significa defender el delito: significa defender el principio de que nadie debe ser privado de su libertad arbitrariamente y que toda acusación debe ser demostrada ante un tribunal independiente.
Las investigaciones de organizaciones de derechos humanos han señalado además que algunas personas detenidas no tenían vínculos aparentes con estructuras criminales y que se han utilizado elementos débiles o no corroborados para justificar determinadas capturas. Amnistía Internacional advirtió en 2026 que la prolongación del régimen y las detenciones masivas podrían constituir graves violaciones de derechos humanos.
Por eso, la lucha por la justicia no debe consistir en pedir privilegios para nadie. Debe consistir en exigir igualdad ante la ley. Que el pobre tenga la misma protección jurídica que el rico; que el humilde tenga el mismo derecho a una defensa que el poderoso; que una acusación tenga que sostenerse con pruebas y no con prejuicios; y que ningún juez condene a una persona simplemente porque el poder político o la opinión pública ya la declaró culpable.
Porque cuando la ley se aplica de manera diferente según quién eres, cuánto tienes o cuánto poder posees, deja de ser justicia y se convierte en privilegio.
La verdadera seguridad no puede construirse sobre el miedo. La verdadera justicia no necesita inocentes encarcelados para demostrar su fuerza. Una sociedad verdaderamente democrática debe ser capaz de combatir el crimen y, al mismo tiempo, proteger la dignidad, la libertad y los derechos de quienes son inocentes.
Porque ningún gobierno, ningún juez y ningún poder está por encima de la verdad y de la justicia.
Redacción:
Dore Montemayor – El Salvador