En El Salvador, se presenta una falta de claridad y apoyo para las familias pasando por procesos judiciales, un problema señalado en el decreto 803. Este problema se ve agravado por escaso acceso a información pública y falta de documentación oficial para estas familias.
Los Desafíos de las Familias en el Sistema Judicial
Las familias afectadas por el Régimen de Excepción están lidiando con numerosos desafíos. En primer lugar, existe una falta de apertura de instituciones claves como la PDHH, PGR y la FGR. Además, el silencio administrativo por parte de funcionarios judiciales está exacerbando la situación. Muchas de estas victimas colaterales carecen de documentación oficial necesaria para poder defender a sus seres queridos adecuadamente en los tribunales.
La Necesidad de Acceso a Información Pública
Otro desafío crítico es la falta de acceso a información pública. Para un proceso justo y equitativo, es vital tener acceso a información que pueda ayudar tanto en la persecución como en la defensa. Sin embargo, el sistema actual parece estar fallando a las familias en este aspecto. Desconocen el estado de sus casos.
Llamado a la Acción y Solicitudes Claves
Las familias están pidiendo que se aplique el artículo 75 para investigar tanto lo favorable como lo desfavorable para sus casos. Además, quieren tener la oportunidad de proponer testigos de descargo y de presentar copias de antecedentes penales y policiales. También están pidiendo el cumplimiento del artículo 81 para que los acusados puedan participar personalmente en el proceso.
Ignorancia Generalizada Sobre el Proceso Judicial
Lo más preocupante es que la mayoría de las familias no sabe en qué parte del proceso judicial se encuentran sus casos. Este nivel de ignorancia se atribuye a la negligencia del sistema de justicia. A menos que se realicen cambios, estas familias seguirán sufriendo
Este comunicado de prensa ha sido emitido con el propósito de arrojar luz sobre la falta de justicia y transparencia en los procesos judiciales de El Salvador. Corresponde al deber de la comunidad global garantizar un juicio justo para los afectados y trabajar juntos para remediar esta situación.
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